En declaraciones por teléfono, Kau indicó que todavía es pronto para saber si las negociaciones conducirán a un acuerdo sobre la adquisición de ese terreno propiedad de un conjunto de iglesias, cuyo valor estimado es de unos 10 millones de dólares (7,5 millones de euros).
La batalla para impedir el hundimiento del hasta no hace mucho sosegado Kiribati, un archipiélago formado por 33 atolones y una isla de coral, es la prioridad absoluta de su Gobierno.
"Nuestra gente tendrá que ser reasentada cuando las mareas hayan alcanzado nuestros hogares y poblaciones", anunció el presidente de Kiribati, Anote Tong, en un discurso dirigido al país y emitido por la radio y la televisión pública la semana pasada.
Hasta el momento, varias decenas de personas que vivían en aldeas levantadas en la costa de islotes de Kiribati han emigrado ante el negro porvenir que les aguardaba y se han convertido en los primeros refugiados climáticos, un estatus reconocido por las Naciones Unidas para los afectados por las consecuencias del calentamiento global.
En caso de que el acuerdo bilateral con Fiyi fructifique, el Gobierno de Kiribati no planea trasladar a toda su población "de una sola vez".
"Necesitaremos encontrar empleos, no como refugiados sino como inmigrantes con habilidades que ofrecer, gente que tiene un lugar en la comunidad, personas que no sean vistas como ciudadanos de segunda clase", declaró Tong ante el eventual traslado.
La desaparición del territorio por la subida del nivel del mar no es el único problema que afronta este país oceánico de poco más de 100.000 habitantes, acuciado también por una progresiva salinización de los acuíferos, vitales para su supervivencia.
La iniciativa del Gobierno de Kiribati extraña a pocos lugareños, pues en ocasiones anteriores el presidente del país había comentado a la prensa local la sensación que sentía cuando sobrevolando áreas del Pacífico veía a través de la ventanilla del avión "grandes masas de tierra que ellos llaman islas abandonadas, pero que a nosotros nos encantaría tener".
La aparente desidia con que la comunidad internacional se toma el desastre natural que se cierne sobre Kiribati obliga a su Gobierno a no descartar ninguna opción, incluida la de albergar a la población encima de una gigantesca plataforma flotante, similar a las que ensamblan las compañías petrolera para extraer crudo del lecho marino.
También el presidente y su Ejecutivo han barajado construir, como remedio temporal, un alto muro a lo largo de la costa de las islas pobladas más amenazadas, con el propósito de frenar la subida del mar.
En el caso de que se produzca la venta de tierras, no será la primera transacción de una isla del Pacífico, ya que España cedió a Alemania la soberanía de las Islas Marianas en 1899 a cambio del pago de 25 millones de pesetas de la época, según los historiadores.
Desde hace unos cuatro años, el Gobierno de Kiribati, un país que vive de los ingresos que generan la exportación de pescado y copra (médula del coco) y el turismo, mantiene conversaciones con estados insulares vecinos con el propósito de sondear la posibilidad de que alberguen parte de su población local.
Kiribati, que se independizó del Reino Unido en 1979, está a unos 2.250 kilómetros de distancia de Fiyi.
Otras naciones insulares como las Islas Marshall o Tuvalu afrontan un problema similar al de Kiribati.
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